En el Foco Justicia. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó este miércoles la prisión preventiva a siete imputados en el caso Senasa 2.0 y varió la medida de coerción de Elsa de la Rosa Vásquez por arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.
La decisión se produjo tras más de diez horas de audiencia, durante la cual el tribunal conoció los recursos de apelación presentados por los ocho procesados por su presunta vinculación con un esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Los recurrentes fueron Laura Santana, Hannah Rodríguez, Angeury Guzmán, Juan G. Ravelo, Juan H. Poueriet, Elsa de la Rosa, Wander Díaz e Ysabel Heredia. De estos, solo De la Rosa obtuvo una variación de la medida de coerción.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Ysis Muñiz, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández. En representación del Ministerio Público participaron los fiscales Wilson Camacho, Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría.
El órgano persecutor atribuye a los imputados presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
Lo que argumentó el tribunal
Durante la lectura, la jueza Ysis Muñiz explicó que los imputados habían aportado elementos suficientes para acreditar arraigo en el país, como domicilio fijo y vínculos laborales, sociales, familiares y económicos.
Sin embargo, sostuvo que esas condiciones no constituyen el único factor para determinar el peligro de fuga.
La magistrada indicó que también deben ponderarse circunstancias vinculadas con los hechos investigados, entre ellas su gravedad, el daño causado a las víctimas y a la sociedad, la importancia del daño por resarcir y la pena que pudiera imponerse.
Sobre De la Rosa, el tribunal señaló que, al valorar de manera individualizada las pruebas reunidas por el Ministerio Público y compararlas con las correspondientes a los demás imputados, advirtió una «manifiesta desproporción» que justificaba una medida menos gravosa.
La corte también rechazó la solicitud de revocar la declaratoria de complejidad del proceso y desestimó cuestionamientos de las defensas sobre la motivación de la resolución recurrida.
Explicó que los jueces deben responder a las conclusiones formales y los planteamientos esenciales, sin estar obligados a reproducir o contestar cada argumento de las partes.
Voto disidente
La decisión fue adoptada por mayoría de votos. El magistrado Teófilo Andújar emitió un voto disidente, al considerar que debían acogerse todos los recursos y sustituirse las medidas por una garantía económica de 50,000 pesos en efectivo para cada imputado, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público
A la salida de la audiencia, el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, destacó que el tribunal rechazó todos los recursos, excepto uno.
Camacho afirmó que De la Rosa admitió ante la corte hechos que había negado en otras instancias. Agregó que la medida impuesta continúa siendo privativa de libertad, por combinar arresto domiciliario y localizador electrónico.
La investigación por servicios médicos irregulares
El caso Senasa 2.0, denominado por el Ministerio Público Operación Cobra 2.0-A, involucra a médicos, exempleados de la aseguradora estatal y otras personas señaladas por su presunta participación en autorizaciones y facturaciones irregulares de servicios de salud.
Según las investigaciones, el esquema incluía el cobro de consultas y estudios especializados que no habrían sido ofrecidos a los afiliados.
El expediente recoge 4,363 solicitudes correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, realizadas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, por un monto acumulado de 41,125,551.02 pesos.
El Ministerio Público sostiene que las irregularidades se ejecutaban mediante la colaboración de personal de Senasa y prestadores de servicios médicos.
Al conocer inicialmente las solicitudes de coerción, el juez Rigoberto Sena Ferreras impuso distintas medidas a los procesados, declaró complejo el caso y concedió al Ministerio Público ocho meses para completar la investigación.
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