Tres meses de prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales es la medida que enfrenta el mayor Robin Rafael Márquez Payano, de la Policía Nacional, imputado por la muerte a tiros de un joven de 25 años durante un operativo en La Vega. La jueza Génesis Tavares, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito, la dictó el miércoles 4 de noviembre de 2026, a solicitud del Ministerio Público.
Según la acusación del Ministerio Público, el 13 de junio de 2026 agentes de la Subdirección Regional de Investigación llegaron a El Hatico, en La Vega, para ejecutar una orden de arresto contra Marqui Abrahan García Gil. El joven, de acuerdo con esa versión, corrió hacia el patio de su vivienda y fue perseguido por el mayor Márquez Payano, quien le disparó con su arma de reglamento. García Gil murió mientras recibía atención médica en el Hospital Dra. Armida García de La Vega.
La Fiscalía de La Vega calificó el hecho como homicidio voluntario con uso de arma de fuego. El Ministerio Público sostiene además que García Gil lanzó un arma de fuego a un patio contiguo antes de que se produjera el disparo. Esa afirmación forma parte de la versión fiscal y no ha sido corroborada de forma independiente. Tampoco se ha informado si el arma fue encontrada ni de qué calibre era.
García Gil era buscado por el robo ocurrido el 25 de mayo en Villa Rosa, La Vega, donde fueron sustraídos RD$244,750. Según el expediente, también figuraba otra denuncia del 7 de abril de 2026 en su contra por disparar a agentes, de la cual no se han aclarado los detalles. La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal Pedro Rafael Gil Hidalgo, y el fiscal Cristian García litigó el caso ante la jueza.
El expediente se suma a un debate que lleva meses en el país sobre el uso de fuerza letal por parte de agentes. Registros periodísticos e institucionales contabilizan más de 115 muertes de ciudadanos a manos de policías en 2026 bajo la figura de los llamados intercambios de disparos. Lo particular de este caso es que el Ministerio Público impulsó la imputación contra un oficial de rango.
Conviene precisar el alcance de la decisión judicial. La prisión preventiva es una medida de coerción para asegurar que el imputado permanezca a disposición del proceso, y no implica condena. El mayor Márquez Payano goza de presunción de inocencia mientras avanza la investigación.
Quedan varios puntos sin respuesta. La Policía Nacional no ha ofrecido públicamente su versión de lo ocurrido, y no consta un comunicado oficial. Algunos medios han señalado que García Gil se habría entregado con las manos arriba, algo que no ha sido confirmado. Tampoco se conoce la fecha de la próxima audiencia ni el estado de la investigación de la Fiscalía de La Vega, ni la situación judicial de otras personas mencionadas en el caso.
El hecho también fue reportado por Al Momento, Listín Diario y Diario Libre.
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