El presidente Luis Abinader encabezó este lunes en Santo Domingo la firma de un compromiso de integridad y prevención de la corrupción que agrupa a 16 instituciones del sector salud y de la seguridad social. El acto llega en pleno desgaste del Gobierno por el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El documento fue suscrito por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, junto a representantes de las entidades participantes. Entre las firmantes figuran el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud (SNS), SeNaSa, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). La iniciativa es promovida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), cuya directora, Milagros Ortiz Bosch, intervino durante la ceremonia.
El compromiso se organiza en seis líneas de acción: directivos, riesgos, políticas, controles, denuncias y capacitación. En la práctica, busca que cada institución firmante establezca mecanismos propios para prevenir irregularidades en el manejo de recursos públicos, desde la responsabilidad de sus autoridades hasta los canales para reportar faltas.
Para el país, la medida extiende un marco común de controles anticorrupción a entidades que administran dinero del Estado destinado a la salud de la población. Es un sector sensible: de lo que ocurra en los hospitales públicos y en las aseguradoras depende la atención de millones de afiliados.
El contexto pesa sobre el acto. En septiembre de 2025, Abinader remitió a la Procuraduría un informe sobre irregularidades en SeNaSa, la administradora de riesgos de salud estatal. En diciembre de 2025 ordenó a esa institución constituirse como actor civil para recuperar fondos presuntamente defraudados. Que SeNaSa figure ahora entre las firmantes del compromiso muestra la intención oficial de cerrar filas con las reformas internas mientras el caso sigue su curso.
Quedan, sin embargo, varios puntos sin aclarar. No se ha publicado la lista completa de las 16 instituciones firmantes ni se ha informado si el compromiso contempla sanciones o un mecanismo de seguimiento con fechas de evaluación. Tampoco está claro qué relación tendrá este acuerdo con el avance del expediente de SeNaSa en el Ministerio Público.
Hasta ahora no consta un comunicado oficial detallado de la Presidencia, del Ministerio de Salud ni de la DIGEIG sobre el alcance del documento. Su efecto real dependerá de que las líneas de acción se traduzcan en controles verificables y de que haya rendición de cuentas pública sobre su cumplimiento.
El hecho también fue reportado por Acento, Noticias SIN y En Segundos.
