El presidente Luis Abinader pidió este lunes a los ciudadanos denunciar a cualquier funcionario que les exija dinero a cambio de agilizar pagos, contratos o trámites en instituciones públicas, y aseguró que su Gobierno actuará contra los responsables, sin importar quiénes sean.
El mandatario hizo el llamado durante LA Semanal con la Prensa, el espacio donde responde a los periodistas cada semana. Junto con la promesa de actuar, Abinader reconoció que no puede garantizar que no haya corrupción en la administración pública, una admisión poco habitual en un discurso oficial sobre el tema.
Según indicó, las denuncias pueden presentarse ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) o la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República. El contexto oficial señala además al Ministerio Público como destino de las denuncias de funcionarios que pidan dinero.
El mensaje se produce en medio de un debate público sobre pagos irregulares y denuncias dentro de la administración. Para quien hace negocios con el Estado, desde un proveedor que espera el cobro de una factura hasta un ciudadano que gestiona un permiso, el anuncio fija la ruta que el Gobierno pide seguir cuando alguien le pide un pago indebido.
No es la primera vez que Abinader recurre a ese lenguaje. En varias ediciones de LA Semanal durante 2025 repitió el compromiso de "cero impunidad", incluido el caso Senasa. Ahora vuelve sobre la idea, pero con un énfasis distinto: pone la denuncia ciudadana en el centro y admite los límites de la prevención desde el propio Gobierno.
Quedan varios puntos sin aclarar. No se ha identificado ningún caso concreto de soborno que motivara el llamado, ni se ha detallado cuántas denuncias se han formalizado hasta ahora ni cuántas han llegado a una investigación. Tampoco se confirmó qué mecanismos de protección tendrían quienes denuncien, ni si hará falta reforzar la ley de protección de testigos e informantes.
Otro asunto pendiente es el alcance de la nueva ley de contrataciones. No se precisó qué responsabilidades impondría a quienes retrasen pagos a proveedores del Estado, una práctica que suele aparecer como terreno fértil para pedidos de dinero a cambio de acelerar los trámites.
El hecho también fue reportado por Acento, El Día y El Nacional.

