La justicia dominicana volvió a posponer uno de los casos más sensibles de violencia policial de los últimos meses. El Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago aplazó para el 19 de enero de 2027 la audiencia preliminar contra 11 agentes de la Policía Nacional acusados por la muerte de cinco hombres, ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en La Barranquita, Santiago.
El motivo del aplazamiento fue de forma: varias de las partes no recibieron a tiempo la notificación de la acusación. Con la misma fecha quedó fijada la revisión de las medidas de coerción, lo que significa que cuatro de los agentes seguirán en prisión preventiva hasta entonces. Los otros siete cumplen medidas que no implican privación de libertad.
Las víctimas fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez y José Vladimir Valerio Estévez. Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en una plaza comercial de La Barranquita durante una intervención policial.
El Ministerio Público arrestó a los 11 agentes el 30 de septiembre de 2025 y les imputa asociación de malhechores y homicidio voluntario. La institución calificó las muertes como una ejecución extrajudicial. Entre los imputados figuran el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel M. Cuevas Carrasco, el capitán José Gómez Rodríguez y el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, además de cabos, sargentos y rasos de la institución.
Desde el arresto, el proceso ha avanzado a trompicones. La audiencia de medida de coerción se aplazó en varias ocasiones y el expediente sigue en la fase preliminar, la etapa en la que un juez decide si hay elementos suficientes para enviar a juicio. Con este nuevo aplazamiento, esa decisión no llegará antes de enero.
La defensa de los imputados sostiene que varios de los proyectiles eran de civiles y que los agentes actuaron bajo un estado de legitimidad. Esa versión sigue en debate y corresponderá al tribunal valorarla frente a las pruebas del Ministerio Público. Los agentes mantienen la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia en su contra.
Para el país, el caso tiene un peso especial porque pone a prueba cómo procesa el sistema de justicia a miembros de la Policía Nacional señalados por muertes durante un operativo. Quedan sin responder varias preguntas: si el juez enviará a juicio a los 11 agentes, qué decidirá sobre las medidas de coerción de los cuatro que están presos y cuándo se notificará a todas las partes. Tampoco ha sido confirmado si hubo un enfrentamiento armado ni la hora exacta del operativo.
El hecho también fue reportado por Acento, Diario Libre y Ntelemicro.
