La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega revocó este martes la decisión que declaró la extinción de la acción penal en el proceso seguido contra Miguel Arturo López Florencio, acusado de presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal acogió el recurso interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de La Vega, ordenando la continuación del juicio en todas sus partes.
La apelación fue presentada por la Fiscalía de La Vega, encabezada por Aura Luz García Martínez, junto al fiscal Juan Ramón Martínez Cruz, en contra de la decisión dictada el 9 de abril de 2025, que había favorecido a los imputados con la extinción del proceso.
La medida también beneficiaba a otros implicados, entre ellos José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte y Ada María Pilarte de Inoa, así como varias empresas vinculadas al expediente.
De acuerdo con el órgano acusador, la supuesta red criminal encabezada por López Florencio operaba en Suramérica, Estados Unidos y Europa, movilizando más de 8 mil millones de pesos en el sistema financiero dominicano mediante operaciones de blanqueo de capitales.
El Ministerio Público sostiene que los imputados estructuraron una red familiar para colocar y diversificar bienes provenientes del narcotráfico, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos.
Asimismo, argumentó que la extinción de la acción penal respondió a una incorrecta aplicación de la norma jurídica, sin considerar la complejidad del caso, los aplazamientos y las estrategias dilatorias que incidieron en el desarrollo del proceso.
El expediente se remonta al año 2020 y fue enviado a juicio en 2023, tras múltiples incidentes procesales.
Cabe recordar que por este mismo caso fue condenada a cinco años de prisión la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, esposa de López Florencio, quien cumple su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
Con esta decisión, el proceso judicial retoma su curso, en lo que el Ministerio Público considera un paso clave en uno de los casos más complejos de lavado de activos en la República Dominicana.
