Un joven cubano que se niegue a cumplir el servicio militar obligatorio puede acabar tras las rejas. El Código Penal Militar, aprobado por el Parlamento de la isla en julio de 2023, establece castigos de cárcel para quienes eludan el llamado a filas, y el tema vuelve a la conversación pública a raíz de nuevos casos de familias que se resisten a enviar a sus hijos.
El artículo 41 del código sanciona con entre dos y cinco años de prisión a quien abandone su unidad o no se presente a ella con el propósito de evadir definitivamente la prestación del servicio. Es la pena más severa entre las conductas de evasión que recoge la norma, según el texto del proyecto publicado por la Asamblea Nacional.
La ley contempla además un castigo menor para las trampas. Quien se autolesione o falsifique documentos médicos para librarse del servicio enfrenta de seis meses a dos años de privación de libertad. El código fue aprobado por unanimidad y lo presentó ante los diputados Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.
La obligación descansa en la Ley de Defensa Nacional, que exige a los cubanos varones cumplir el Servicio Militar Activo. Este dura dos años y se prevé que comience, de manera preferente, a partir de la mayoría de edad. El servicio es obligatorio para los hombres de la isla desde 1963.
El rechazo social a esa obligatoriedad ha ido en aumento. Se ha vinculado con el incendio de Matanzas, en el que murieron cuatro reclutas, un episodio que alimentó el temor de muchas familias a que sus hijos presten el servicio en instalaciones militares.
El caso que reaviva el debate es el de una familia que, en un video difundido por el medio independiente Árbol Invertido, dice negarse a enviar a un adolescente identificado solo como Miguel. Ese testimonio no ha sido verificado por otra fuente. Tampoco se ha confirmado la identidad del joven ni la del familiar que habla, ni la versión de que este último sería un expreso político.
Quedan varias preguntas sin respuesta. No se sabe a qué decreto se refirió el reclutador mencionado en el video ni qué medida implicaría, ni si la citación a la comisión médica se llegó a realizar y qué consecuencias concretas tendría la negativa para el muchacho. Tampoco ha sido confirmado que el caso haya sido denunciado formalmente ante las autoridades cubanas, y las muertes y accidentes de jóvenes en cuarteles que se citan en las denuncias no han sido verificados de manera independiente.
Se trata de un asunto interno de Cuba, sin vínculo directo con República Dominicana, pero que muestra cómo la vía penal respalda una obligación que una parte de la población cuestiona abiertamente.
El hecho también fue reportado por Infobae América, Swissinfo (EFE) y Cubanet.
