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La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene previsto conocer este jueves la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los diez imputados en la Operación Lobo, acusados de integrar una presunta estructura de corrupción administrativa compuesta por militares y civiles, que se valía de la distribución de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y en las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
El órgano persecutor sostiene que las empresas adjudicatarias de contratos de servicios de seguridad entregaban entre un 5 % y un 10 % del total facturado a funcionarios públicos vinculados al proceso de contratación, como condición para ser beneficiadas con dichos contratos pagados por el Estado dominicano.
«En el caso que nos ocupa, la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), durante el período 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos a funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y las distribuidoras de electricidad EDENORTE DOMINICANA, S.A., EDESUR y EDEESTE. Estas instituciones públicas fueron tomadas por la estructura criminal para drenar fondos públicos», se lee en el expediente acusatorio.
Agrega que, hasta el momento, han identificado una suma pagada en sobornos ascendente a los ciento ocho millones de pesos (RD$108,000,000.00), los cuales habrían sido exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios imputados.
«Estos pagos ilícitos se realizaron tanto mediante transferencias bancarias como por entrega de dinero en efectivo, y tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa imputada Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE)», asegura el MP.
Asimismo, en el documento se establece que los funcionarios vinculados a la Operación Lobo recibían los sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin objeciones ni fiscalización efectiva.
«Este esquema de corrupción institucionalizada permitió a las empresas imputadas operar con impunidad, beneficiándose de fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos«, pronunció el organo acusador.
«La distribución recurrente y estructurada de esos sobornos, por parte de las empresas de seguridad investigadas, no se limitaban a una fase específica del proceso, sino que contaminaban todas las etapas de la contratación: desde la elaboración de los términos de referencia y los pliegos de condiciones, pasando por la evaluación de ofertas y la adjudicación de contratos, hasta su ejecución, supervisión y renovación. Esta trama de corrupción operaba como un mecanismo, donde los pagos ilícitos eran requeridos por distintos funcionarios vinculados a las contrataciones y los encargados de la seguridad física de las entidades afectadas, y se entregaban directamente o a través de intermediarios», añadió.
Imputados en la Operación Lobo
El órgano persecutor identificó como imputados en la Operación Lobo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como a los coroneles de esa institución Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
A la lista de apresados también se suman el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz, y el señor Bolívar Nicolás Fernández Espinal. El grupo se encuentran bajo arresto y a la espera de que un tribunal les conozca la solicitud de medida de coerción.
Investigación de las autoridades
En la Operación Lobo participaron 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional, para enfrentar la red que habría afectado a las referidas instituciones del Estado.
La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Además, explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
