En el Foco Política. El sociólogo Inocencio García Javier calificó como un “grave error” las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien advirtió a los responsables del ataque contra el merenguero Julián Oro Duro y su esposa que se entreguen porque, de lo contrario, “les va a ir peor”, al considerar que ese tipo de mensajes puede prestarse a interpretaciones que riñen con el Estado social y democrático de derecho y las garantías del debido proceso.
Durante su participación en el programa Roberto Monclús: La Batalla Electoral, transmitido por Su Mundo TV, García Javier reaccionó a las declaraciones ofrecidas por el mandatario de Nueva York tras el hecho violento en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, quien también resultó herida.
En sus declaraciones, Abinader expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y posteriormente dirigió una advertencia a los responsables del ataque.
«Que se entreguen, que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor», manifestó el mandatario.
Al ser cuestionado sobre la interpretación de esas palabras y el manejo que deben dar las autoridades a personas perseguidas por hechos delictivos, García Javier sostuvo que la actuación policial debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
“No, no, no, porque estamos en un sistema social democrático de derecho y se supone que tiene que haber la presunción de inocencia”, respondió.
El sociólogo argumentó que las personas señaladas por la comisión de delitos deben ser apresadas y sometidas a la justicia, y rechazó que la persecución de la criminalidad pueda convertirse en una justificación para ejecuciones extrajudiciales.
“Aquí no hay pena de muerte”, enfatizó García Javier, quien agregó que incluso ante situaciones de flagrancia las autoridades están obligadas a actuar conforme al ordenamiento jurídico.
La Constitución dominicana establece que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe la pena de muerte. También consagra el debido proceso y la presunción de inocencia de toda persona hasta que haya sido declarada culpable mediante sentencia irrevocable.
García Javier demostró que las expresiones del mandatario pueden enviar un mensaje equivocado en momentos en que existe preocupación por las actuaciones policiales frente a la delincuencia. “Entiendo que es un grave error de un jefe de Estado”, expresó.
El sociólogo fue más lejos al señalar que, desde su interpretación, sugeriría que a los delincuentes se les “dé para abajo”, como se expresa popularmente, entraría en contradicción con las garantías constitucionales.
Sin embargo, Abinader no utilizó esa expresión ni ordenó ejecutar a los perseguidos. El mandatario pidió a los responsables del ataque entregarse y advirtió que, de no hacerlo, “les va a ir peor”. La referencia a “darles para abajo” surgió durante el intercambio en el programa y fue utilizada por García Javier al explicar su interpretación de las palabras del presidente.
García Javier consideró que, en lugar de recurrir a mensajes que puedan ser interpretados como una respuesta de fuerza al margen de la ley, el Gobierno debe concentrarse en las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.
“Yo creo que de lo que se debe ocupar un jefe de Estado es de ver cuáles son las causas estructurales de esa violencia”, manifestó.
Durante la entrevista, el sociólogo mencionó entre esos factores la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades para los jóvenes, el tráfico y consumo de drogas y los cambios de valores en determinados sectores de la sociedad.
También cuestionó los resultados de la reforma policial y demostró necesario desarrollar una estrategia de seguridad ciudadana que incorpore a las comunidades y no descanse exclusivamente en policiales y militares.
A juicio de García Javier, el combate contra la delincuencia requiere una respuesta integral que combine persecución del crimen, políticas sociales y fortalecimiento institucional.
El sociólogo insistió en que el Estado tiene la responsabilidad de perseguir y someter a la justicia a quienes cometan delitos, pero sostuvo que esa actuación debe producirse dentro del marco constitucional y respetando el debido proceso.
