El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó formalmente a la Junta Central Electoral (JCE) ordenar la suspensión inmediata de las actividades proselitistas que, según denuncia, realiza el Partido Revolucionario Moderno (PRM) junto a varios de sus principales dirigentes, en supuesta violación a la Ley 33-18 sobre Partidos y la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
En un documento entregado al órgano electoral, el PRD pidió que se prohíban las actividades políticas y se apliquen medidas cautelares contra el PRM y los dirigentes Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), David Collado, Raquel Peña, Víctor D’Aza y Tony Peña Guaba.
Medidas solicitadas por el PRD:
Que la JCE instruya a la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos a investigar y emitir un informe sobre el uso de fondos por parte del PRM y los dirigentes mencionados.
Que, mediante resolución, se ordene de inmediato el cese de todas las actividades proselitistas de dichos dirigentes, garantizando la equidad y respeto a las normativas electorales vigentes.
Que se prohíba la participación de estos precandidatos en el proceso interno del PRM, como consecuencia de las supuestas infracciones.
La imposición de medidas cautelares que incluyan la suspensión de actividades políticas, sanciones en salarios mínimos y la retención de fondos públicos al PRM.
La instancia fue depositada por una comisión de altos dirigentes del PRD, incluyendo a Peggy Cabral, Héctor Guzmán, Carlos Dicló, José Juan Zapata, Fernando Pérez Volquez, Henry Blanco, Geraldo Valdera, Ridel Méndez, Juan Ramón Vásquez, Luis López, Martín Hidalgo y Jacinto Santos, quienes fueron recibidos por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y la miembro titular Dolores Fernández.
Román Jáquez acogió el documento con beneplácito y aseguró que lo someterá al Pleno del organismo para posteriormente dar a conocer la decisión al respecto.
El PRD reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución y las leyes electorales, subrayando la necesidad de que la JCE actúe con firmeza para proteger la institucionalidad y el marco legal en el proceso electoral.
