El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) rechazó un proyecto de ley que busca crear un régimen especial de identidad y advirtió que, tal como está redactado, podría abrir la puerta a que se dilaten las deportaciones. El pronunciamiento lo hizo público el 11 de noviembre de 2026 su vicepresidente, José Hoepelman.
Según Hoepelman, la iniciativa debilitaría los controles migratorios del país. El dirigente reformista puso el foco en tres puntos del texto. Los artículos 21 y 23, dijo, admiten solicitudes por vía electrónica sin exigir que el interesado aporte toda la documentación de respaldo. A su juicio, eso reduce la verificación en un momento en que el Estado debe afinar sus filtros.
El tercer punto es el artículo 55, que forzaría a la Junta Central Electoral (JCE) a entregar constancias sobre expedientes que aún están en trámite. Hoepelman sostuvo que esos documentos podrían ser utilizados para frenar o retrasar procedimientos de deportación en curso.
El vicepresidente del PRSC reconoció un matiz importante: una constancia de trámite no suspende legalmente una deportación. Aun así, advirtió que su existencia podría dar pie a incidentes judiciales, es decir, recursos y planteamientos ante los tribunales que alarguen los procesos y compliquen la actuación de las autoridades migratorias.
El proyecto tiene como propósito establecer un mecanismo para fijar o reconstruir la identidad de personas con irregularidades en su inscripción en el Registro Civil y regularizar sus papeles. Fue depositado en la Cámara de Diputados por la diputada Maribel Almánzar, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). No está confirmado que la versión analizada por Hoepelman sea idéntica a la depositada, ni que la numeración de los artículos citados corresponda al texto final.
El debate toca dos asuntos sensibles para la República Dominicana: la solidez del Registro Civil como base de la identidad legal y el control de la migración, un tema que domina buena parte de la agenda pública. De un lado, hay dominicanos y residentes con expedientes defectuosos que necesitan salir de esa situación. Del otro, persisten los temores de que cualquier flexibilización sea aprovechada para eludir los controles.
Quedan varias preguntas abiertas. La JCE y el Ministerio de Interior y Policía no han respondido públicamente a la advertencia del PRSC. Tampoco se sabe si el proyecto avanza en el Congreso ni cuándo podría someterse a votación. Y Hoepelman no ha precisado qué casos concretos de deportación se verían afectados si la propuesta se aprobara en su forma actual.
El hecho también fue reportado por Al Momento, El Nuevo Diario y El Día.
