Santo Domingo, RD. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana confirmó este miércoles 24 de junio que sus equipos técnicos ejecutan actualmente una auditoría forense al Ministerio de Agricultura, y que los hallazgos podrían derivar en acciones penales a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, confirmó en exclusiva al periódico elCaribe que los equipos técnicos del órgano fiscalizador ya ejecutan el trabajo de campo. «Está en el plan de auditoría, se está realizando y, de encontrar indicios de irregularidades, el expediente se remite al Ministerio Público, específicamente a la PEPCA», afirmó.
La funcionaria fue cuidadosa al ser consultada sobre los resultados preliminares. «Hasta que nosotros no tengamos los resultados, no podemos decirte, porque nosotros es con la evidencia que damos las informaciones», precisó Polanco Melo, blindando cualquier especulación sobre el desenlace del proceso.
Una auditoría con fines penales, no solo administrativos
La mención explícita de la PEPCA confirma que la auditoría no es de carácter administrativo, sino una intervención con fines penales bajo observación directa de la unidad de persecución de la corrupción. Este detalle eleva considerablemente el peso jurídico del proceso, pues implica que los auditores buscan evidencia que pueda sustentar cargos penales, no únicamente recomendaciones de gestión.
La investigación se centra en los puntos más vulnerables del presupuesto: desde la gestión discrecional de permisos de importación hasta la construcción de caminos interparcelarios y servicios de roturación. El objetivo de los auditores es determinar si las cubicaciones pagadas y las licencias emitidas coinciden con la realidad del mercado y la producción nacional, utilizando la plataforma Renagro para detectar «obras fantasma» y cruces de datos irregulares.
El contexto: siete directivos renunciaron alegando presiones
Esta intervención ocurre en un contexto de alta tensión administrativa en la gestión iniciada el pasado 6 de enero del ministro Oliverio Espaillat. Siete directivos presentaron renuncias conjuntas ante el ministro, alegando presiones para cometer actos irregulares, incluida la presunta adjudicación anómala de obras millonarias.
La Cámara de Cuentas clasificó como «información reservada» hasta el año 2030 cualquier documento relacionado con esta investigación. El país aguarda que la intervención derive en acciones concretas y no quede en el protocolo institucional.
En su último informe de rendición de cuentas ante el Congreso, la Cámara de Cuentas reportó haber publicado 90 informes finales de auditoría y remitido 50 expedientes a la PEPCA durante el año anterior, marcando resultados históricos para la institución.
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