La Contraloría General de la República observó cuatro contratos del Centro de Educación Superior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (CESAC) por haber sido adjudicados a empresas cuyos accionistas incluyen servidores públicos. Según la auditoría, las participaciones de esos funcionarios superan el límite que establece la ley de compras, una regla pensada para evitar que quienes trabajan para el Estado contraten con él a través de sus propias compañías.
El hallazgo forma parte de la auditoría correspondiente al año 2024 del CESAC, que registró 22 hallazgos en las áreas de gestión financiera, inventarios, activos, compras y recursos humanos. El informe también identificó una diferencia de RD$85.3 millones entre lo que la institución planificó comprar y lo que terminó ejecutando.
El contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, dio a conocer este informe junto a otros 27, para un total de 28 auditorías a instituciones públicas. Su publicación se hizo por instrucción del presidente Luis Abinader, en un ejercicio de rendición de cuentas que abarca revisiones realizadas entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.
Para el ciudadano, el caso toca un punto sensible: la transparencia en las compras públicas y el cumplimiento de las normas que limitan la participación de servidores del Estado en empresas proveedoras. Que una observación de este tipo salga a la luz en un informe oficial abre preguntas sobre los controles internos de las instituciones al momento de adjudicar contratos.
Algunos medios han señalado, sin que esté verificado, que la gestión auditada correspondería a la dirección de Floreal Suárez Martínez, mayor general retirado, y que su sucesor sería Enmanuel Souffront Tamayo, quien también comanda las Fuerzas Armadas. Esa información no ha sido confirmada oficialmente y los nombres no forman parte de los hechos establecidos por la auditoría.
Quedan varios puntos sin aclarar. No se han precisado los nombres de las cuatro empresas, los montos individuales de cada contrato ni la identidad de los servidores públicos con participación accionaria. Tampoco se ha confirmado el porcentaje exacto de esas participaciones, que según algunas versiones llegaría hasta el 90 %, ni las cifras detalladas del plan anual de compras.
Hasta ahora, la Contraloría no ha ofrecido una explicación sobre el origen de la diferencia de RD$85.3 millones, y el CESAC no ha respondido públicamente a las observaciones. Tampoco se conoce si el informe incluye recomendaciones como revisar los contratos vigentes o cruzar los registros de las empresas con la nómina estatal.
El hecho también fue reportado por Acento, Hoy y El Día.
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