Santo Domingo. – La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de modificación de los artículos 5, 12 y 14 de la Ley núm. 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, recibió este jueves a representantes de la Suprema Corte de Justicia, para explicar los alcances y las razones que sustentan la iniciativa.
El diputado Rafael Tobías Crespo, presidente de la Comisión, explicó que el propósito del encuentro es conocer las consideraciones del Poder Judicial sobre las modificaciones propuestas, así como los avances alcanzados en materia de digitalización de los servicios judiciales.
La magistrada Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, destacó la importancia de mantener un diálogo permanente entre el Poder Judicial y el Congreso Nacional, a fin de actualizar las herramientas jurídicas conforme avanzan las nuevas tecnologías y garantizar mayor eficiencia en los procesos judiciales.
De su lado, Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, señaló que la propuesta procura actualizar la legislación vigente sin alterar su esencia, con el objetivo de ampliar el acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia de los procesos.
Propuesta busca ampliar acceso a los servicios judiciales
Entre los principales cambios planteados figura la modificación del artículo 5, para establecer que los trámites ante el Poder Judicial puedan realizarse por medios digitales, manteniendo alternativas presenciales para las personas que requieran asistencia.
Brito explicó que la intención es evitar que una persona tenga que desplazarse a otra provincia para realizar un trámite, permitiéndole acceder al servicio desde la sede judicial más cercana. También se propone ampliar el uso de la firma digital a abogados y funcionarios públicos, como parte del fortalecimiento del expediente electrónico.
Georreferenciación y audiencias virtuales
Otro de los aspectos expuestos fue la incorporación de mecanismos de georreferenciación para los actos realizados por los alguaciles, mediante el registro del lugar, fecha y hora de las diligencias, con el propósito de fortalecer la trazabilidad y seguridad de las notificaciones judiciales.
La propuesta también contempla modificaciones a las audiencias virtuales, estableciendo que, cuando no exista acuerdo entre las partes, corresponda al tribunal determinar la modalidad de celebración, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.
En este punto, la diputada Caroline Mercedes De La Cruz manifestó su inquietud sobre la brecha digital, la conectividad y la necesidad de garantizar la presencialidad como alternativa efectiva.
En respuesta, los representantes del Poder Judicial destacaron que la transformación digital busca complementar, y no eliminar, la atención presencial, por lo que se han habilitado espacios con equipos tecnológicos en distintos distritos judiciales para facilitar el acceso a los servicios digitales a las personas que no cuentan con los recursos o la conectividad necesarios.
Al concluir la reunión, los miembros de la comisión acordaron continuar el estudio de la iniciativa y solicitar al Poder Judicial documentación e información estadística que permita a los legisladores evaluar con mayor profundidad el impacto y alcance de las modificaciones propuestas a la Ley núm. 339-22.
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