En el Foco Nacional. La política cobra relevancia tras el caso de la avenida José Contreras, donde el Estado quedó obligado a pagar RD$2,693.9 millones luego de que su recurso de casación pereciera por inactividad procesal
La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) asegura que ha endurecido la defensa judicial de los terrenos del Estado mediante una política de mayor control sobre los abogados que representan a la institución. Como muestra de los resultados obtenidos, entregó a Diario Libre una recopilación de seis sentencias favorables que, en conjunto, involucran 3,908,694,394.05 pesos.
El director de la entidad, Rafael Burgos, asegura que la nueva política incluye consecuencias inmediatas para los abogados que dejan perder procesos por falta de diligencias. «El abogado que coge un defecto en los tribunales se va para su casa automáticamente y es sometido también por posible daño al Estado dominicano», afirmó.
Sus declaraciones se producen después de la reciente derrota de Bienes Nacionales en el litigio por los terrenos de la avenida José Contreras, que dejó al Estado obligado a pagar 2,693.9 millones de pesos a sucesores de la familia Peynado. El recurso de casación con el que la institución intentaba cuestionar esa condena pereció luego de tres años sin que se realizara una actuación procesal requerida.
Burgos sostiene, sin embargo, que su gestión recibió ese expediente cuando estaba prácticamente perdido y que intentó recuperar las posibilidades jurídicas que todavía quedaban.
«Encontramos el camino a un noventa por ciento. En ese noventa por ciento estaba afectando al Estado dominicano. Ya quisimos recuperar ese diez por ciento, ya el daño estaba hecho», expresó.
Una defensa judicial más estricta
El funcionario enmarca los cambios en el departamento jurídico dentro de una reorganización más amplia del manejo del patrimonio estatal, especialmente de las tierras que estuvieron durante décadas bajo administración del antiguo Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Burgos ha denunciado anteriormente que entre 2000 y 2020 el Estado perdió o manejó de manera incorrecta más de dos millones de tareas y que una parte considerable terminó en manos privadas mediante ventas a precios que calificó de irrisorios. También describió al antiguo CEA como un «mercado persa» y dijo haber encontrado estructuras dedicadas a negociar irregularmente terrenos públicos.
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