En el Foco Nacional. En el tramo comprendido entre los 15 y los 19 años, la inmensa mayoría de los jóvenes permanece soltera. El informe precisa que en este rango etario el 95.65 % de los hombres y el 80.96 % de las mujeres se mantienen solteros
El Boletín sobre Juventud Nº. 01 – 2026 expone minuciosamente cómo la situación conyugal de la población joven evoluciona a medida que incrementa la edad, consolidando el avance de las uniones informales sobre la figura tradicional del matrimonio.
En el tramo comprendido entre los 15 y los 19 años, la inmensa mayoría de los jóvenes permanece soltera. El informe precisa que en este rango etario el 95.65 % de los hombres y el 80.96 % de las mujeres se mantienen solteros, aunque ya se percibe una leve diferencia en la que las mujeres comienzan a unirse en pareja a edades más tempranas que sus pares masculinos.
El cambio de tendencia se vuelve evidente al alcanzar el rango de 25 a 29 años, momento en el que la condición de «Unida o unido» pasa a ser la modalidad conyugal predominante.
En esta categoría, el 45.09 % de las mujeres y el 38.35 % de los hombres declaran convivir bajo una unión consensual, superando sensiblemente a quienes permanecen solteros o legalmente casados.
La preferencia por la unión libre se consolida definitivamente en el segmento de 30 a 35 años. Los datos censales recabados revelan que el 45.22 % de las mujeres y el 45.75 % de los hombres en esta franja de edad viven bajo uniones de hecho, demostrando la homogeneidad de esta conducta en ambos sexos durante la adultez plena.
Este comportamiento sociológico evidencia que la figura del matrimonio formal ha quedado rezagada frente a la flexibilidad y aceptación social de las uniones consensuales. Los jóvenes dominicanos optan en su mayoría por convivir antes de formalizar legalmente una relación, o prescinden por completo del vínculo institucional.
El aumento persistente de las uniones de hecho plantea importantes desafíos normativos e institucionales para el país.
Ante este panorama, se vuelve prioritario revisar los marcos legales de protección a la familia, los derechos patrimoniales y las garantías de seguridad social para asegurar que las parejas bajo unión libre y sus dependientes gocen de un respaldo jurídico adecuado.
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