noviembre 17, 2026
Santo Domingo, Republica Dominicana.
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Fiscalía pide no frenar Operación Lobo pese a recusación

El Ministerio Público sostiene que no existe ninguna razón jurídica válida para frenar el juicio preliminar del expediente conocido como Operación Lobo, que investiga presuntos sobornos por más de RD$108 millones en contratos de seguridad privada de entidades estatales. La postura se hizo pública este lunes 16 de noviembre, después de una audiencia en el Distrito Nacional.

El fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto habló con la prensa al salir del tribunal. Su mensaje respondió a la recusación que presentó Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de SeNaSa, contra el juez Deiby Timoteo Peguero, quien dirige el caso desde el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Guzmán Alberto dijo esperar que la Corte de Apelación rechace ese planteamiento y ordene que el proceso siga su curso.

La recusación es un recurso con el que una de las partes pide apartar a un juez porque duda de su imparcialidad. Mientras se resuelve, el calendario del caso puede quedar en suspenso, y eso es justamente lo que el Ministerio Público quiere evitar.

El expediente avanza con una pieza menos. En octubre de 2026, el juez Peguero separó a Caamaño Pérez del proceso principal por motivos de salud, de modo que su situación procesal quedó apartada del resto de los imputados. Hasta ahora no se ha informado cuál es su estado de salud ni cuándo podría retomarse su caso.

La acusación formal fue depositada en julio de 2026 y alcanza a 14 personas físicas y jurídicas. Según el Ministerio Público, la presunta red habría repartido RD$108,080,359.92 en sobornos para conseguir contratos de seguridad privada en Edesur, Edenorte, Edeeste, el Inaipi y SeNaSa. La acusación atribuye a la empresa Senase pagos entre 2012 y 2025, en efectivo y por transferencias.

Entre los acusados están Quilvio Rodríguez González, representante de Senase; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien estuvo a cargo de la seguridad en Edenorte; Carlos Ambrosio Robles Díaz, que dirigió ese departamento en Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, extitular de Seguridad del Inaipi; y Ramón Quezada Ortiz, vinculado al área de seguridad de Edeeste.

Para el país, el caso toca el manejo de contratos en instituciones públicas y en las distribuidoras de electricidad, un terreno donde el dinero del Estado y los servicios que recibe la población se cruzan. Las cifras citadas son las de la acusación: no hay sentencia que las confirme y todos los imputados conservan la presunción de inocencia.

Quedan varias preguntas abiertas. No se ha confirmado si la Corte de Apelación ya decidió sobre la recusación ni cuándo se retomará el proceso. Tampoco se conoce la versión de las defensas sobre lo expresado por el fiscal.

El hecho también fue reportado por Acento, El Día y El Nuevo Diario.

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