Lo que ocurre en Paraguay interesa al lector dominicano porque une dos temas que pesan en cualquier democracia: la supervisión de la banca y la rendición de cuentas de quienes gobiernan.
Un juicio político terminó con la salida del presidente paraguayo y, horas después, con su arresto. Santiago Peña, de 47 años, fue destituido el viernes por el Senado y esa misma noche quedó bajo orden de detención en la causa por el colapso de Ueno Bank, un banco digital cuyo cierre dejó sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes.
El Senado lo declaró culpable de mal desempeño de funciones con 44 votos a favor, entre los senadores presentes, y un ausente. Peña había presentado su renuncia el jueves, tras perder el respaldo de su partido, el Colorado, pero el Congreso no la aceptó formalmente y siguió con el procedimiento. Con la destitución dejó de ser senador vitalicio, lo que le quita el paso a los fueros de expresidente.
Poco después de la votación, Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, juró como presidente ante el Congreso Nacional. Conservador de 52 años y originario de Ñeembucú, completará el mandato hasta agosto de 2028 y prometió compensar a quienes resultaron afectados por el descalabro financiero.
La detención fue ordenada por el Ministerio Público en la causa 92/2026, por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles vinculados a Ueno Bank. Los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco llegaron a la residencia de Peña en Asunción, acompañados por agentes de la Policía Nacional, y verificaron su presencia. La orden establece arresto domiciliario de carácter temporal, hasta que quede a disposición de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Según reportes posteriores, Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial durante la madrugada, por la presencia de manifestantes cerca de su vivienda. El sábado debía presentarse a declarar ante el Ministerio Público. Su abogado, Ricardo Preda, cuestionó la detención y sostuvo que no existen condiciones para imponerle prisión preventiva.
Las acusaciones abarcan los vínculos empresariales del exmandatario con el grupo que gestiona Ueno Bank. En el juicio político, quienes sostuvieron la acusación señalaron además conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que alcanzó al Banco Central.
Peña, economista, llegó a la Presidencia como una apuesta de renovación del Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde hace casi ocho décadas. Es el segundo presidente de la historia reciente del país destituido mediante juicio político, después de Fernando Lugo.
Con Alliana al frente del Ejecutivo, la atención se concentra ahora en la declaración de Peña, en la audiencia que definirá sus medidas cautelares y en la respuesta a los ahorristas que aún esperan recuperar su dinero.
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